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La celebración del Congreso de Deontología del próximo mes de abril, en un año que sigue marcado por la pandemia, muestra la necesidad de estudiar y analizar las numerosas cuestiones ético-deontológicas que la pandemia nos ha planteado a los profesionales de la salud. Pone de relieve que esta pandemia no puede contarse simplemente a través de los datos sobre morbimortalidad, porque sería un relato incompleto. Este tiempo de pandemia ha revelado tanto la responsabilidad y solidaridad de los médicos y otros profesionales de la salud, como la función social de la ética y la deontología médicas.

En general, en la Historia de la Humanidad, las enfermedades infecciosas son las que han tenido un mayor impacto. Sin embargo, la actual pandemia ha llegado en un momento en que, si bien las enfermedades infecciosas continúan siendo un problema importante de salud pública en muchos lugares, en España y otros países afines, la mayor mortalidad se debe a enfermedades crónicas no transmisibles.

En este marco, la pandemia, con su carácter global, ha puesto de manifiesto que ningún país está automáticamente protegido de estas enfermedades, ni por su riqueza, ni por sus altos niveles de educación, ni por los estándares de vida, ni por el desarrollo de la atención médica.

En nuestro país, la contención de la pandemia nos ha recordado a los médicos las obligaciones respecto a la salud pública y que no puede haber espacios estancos que separen las instituciones asistenciales, de la organización de la prevención.

Además, la pandemia va a influir en otras líneas deontológicas como pueden ser las responsabilidades de trabajar asumiendo riesgos, que pueden llegar a ser graves. O la adecuación del esfuerzo diagnóstico y terapéutico para cada enfermo, que se ha de aplicar en situaciones de sobrecarga asistencial y de escasez de medios.

El futuro de la Deontología no puede olvidar que la Medicina, y los médicos, tenemos un compromiso con las personas débiles y vulnerables que va más allá del principio ético general de no discriminar.

Por otra parte, se ha de asumir, por parte de las profesiones de la salud que las epidemias y las enfermedades infecciosas son situaciones tanto biológicas como socio-económicas. La pandemia puede contribuir a abrir líneas de reflexión sobre la distribución de recursos y sobre la llamada “eficiencia económica”, buscando nuevos significados y perspectivas a los términos “eficacia” o “eficiencia”. Y estudiando las repercusiones y limitaciones, sobre la profesión y sobre la sociedad, de los efectos económicos derivados de las crisis sanitarias.

La pandemia ha llevado a la sensibilización de los expertos, pero también de la sociedad en general, sobre los nuevos retos para la salud derivadas de la globalización. La prevención de las enfermedades a nivel mundial, también las infecciosas, requiere una visión complementaria y múltiple, por tanto, se ha de dar respuesta a un desafío global profundizando en un análisis ético transcultural. Con la Covid 19 han aparecido nuevas realidades, con amenazas y oportunidades, respecto a la atención de la salud, que afectan a ámbitos nacionales e internacionales o transnacionales. Se han creado situaciones que requieren solidaridad y cooperación de todo tipo de instituciones.

Muchas de las cuestiones éticas a las que nos hemos enfrentado en la práctica médica, en la gestión sanitaria, en el ámbito de la salud pública y en la investigación han sido objeto de análisis por parte de las instituciones. Es el caso de la Comisión de Deontología de la OMC que ha estudiado, entre otras, cuestiones relacionadas con la necesidad de establecer protocolos, basados en datos proporcionados por la ciencia biomédica en relación con esta pandemia, que faciliten las decisiones de los profesionales y de otras instancias sociales; el estudio de las condiciones de acceso a la asistencia en unidades especiales, como las unidades de cuidados intensivos, de forma que no se pueda acusar de abandono de los enfermos; aspectos relacionados con la justicia distributiva y la deontología en el acceso a las vacunas y a los tratamientos indicados; las implicaciones asistenciales para los pacientes y los profesionales por la irrupción de la Telemedicina y la e-consulta; o la necesidad de mantener el respeto a los derechos humanos de las personas incluidas en investigaciones, también en periodos pandémicos.

En efecto, durante la pandemia hemos sido interpelados por la priorización en la asistencia: cómo prestar los cuidados adecuados a pacientes graves y críticos en situaciones de seria limitación de recursos. Como establece el Código de Deontología de la OMC, en esas situaciones, la toma de decisiones de tanta relevancia debería ser individual y personal, porque, aunque los procesos puedan coincidir, cada paciente es diferente. “No abandonar a ningún paciente que necesite sus cuidados, ni siquiera en situaciones de catástrofe o epidemia” (CD Art. 6.2) no quiere decir prestar iguales cuidados a todos, sino aquellos que sean proporcionados, tengan en cuenta las posibilidades y permitan un adecuado control de los síntomas y una adecuada comunicación que ha desvelado la necesidad de un mayor soporte espiritual y emocional. Ni solo la edad de los pacientes, ni el orden de llegada a los servicios de urgencias pueden ser los criterios para aplicar o no una determinada asistencia.

En situaciones de limitación de recursos, adquieren también gran importancia las actuaciones de los médicos directivos, sujetos a las obligaciones éticas y deontológicas propias de la profesión, puesto que son los encargados de establecer los protocolos asistenciales en ámbitos de primaria y de hospitalización, con la ayuda –multidisciplinar- de los profesionales expertos en cada área. La gestión y la política sanitaria han de estar basadas en una sólida concepción de la justicia y del beneficio de los pacientes y la sociedad, objeto final de su actuación médica.